Corrientes y Resistencia: un estudio analiza los impactos socioambientales de ciertos tipos de desarrollo urbano

“La biodiversidad y la riqueza ambiental de estos ecosistemas los hacen frágiles a la acción humana”, sostiene la directora de la línea de investigación Laura Alcalá, arquitecta y doctora en Urbanismo. Indicó que dichos territorios “están caracterizados por la presencia de cuerpos de agua, y la incidencia de ciclos húmedos y ciclos secos, según la abundancia de la lluvias, y las épocas de crecientes o bajantes de los principales ríos que atraviesan y rodean a estas ciudades”.

Los resultados del trabajo fueron publicados en el libro “Naturalezas neoliberales. Conflictos en torno al extractivismo urbano-inmobiliario”, que escribió en colaboración con las becarias Dra Arq. Florencia Rus y Mgtr. Arq. Rosario Olmedo. Allí dieron cuenta de que estos espacios naturales generaron un creciente interés en el mercado inmobiliario en las últimas décadas, con proyectos urbanos especialmente dirigidos a sectores socioeconómicos altos y vinculados al disfrute privado del paisaje.

Las investigadoras explican cómo en ambas ciudades se dan procesos similares, protagonizados por actores comunes: desarrolladores inmobiliarios y empresas constructoras que avanzan sobre áreas de alto valor ambiental y consideradas de riesgo hídrico, con el aval de gestiones estatales de diverso signo político. Además, también abordan casos de cesión de tierras públicas y su traspaso para fines privados.

“Vemos cómo inciden agentes de desarrollo inmobiliario en aquellas normativas que regulan la capacidad de edificabilidad, cantidad de pisos o áreas a construir; o en los usos del suelo en áreas periféricas y que permiten la expansión de la ciudad siempre orientada al mercado y a intereses financieros concentrados. La idea del artículo es mostrar que lo que pareciera una ausencia del Estado es en realidad producción del Estado, en coalición con estos otros actores”, indicó Rus, Doctora en Arquitectura.

Esto quedó demostrado a través de la tipología de estos procesos de urbanización que lograron reconstruir las investigadoras. En el trabajo se abordan de manera detallada las ordenanzas municipales y marcos normativos provinciales que hicieron posible la promoción de proyectos tales como clubes de campo, quintas, barrios privados, torres de lujo, hoteles y emprendimientos comerciales; con diversos niveles de infraestructura, accesibilidad e integración urbana.

Alcalá, Rus y Olmedo repasan en la publicación cómo desde la década de los 80 las regulaciones gubernamentales y regímenes de ocupación del Gran Resistencia y el Gran Corrientes fueron cambiando en favor de estas iniciativas del sector privado, a través de sucesivos aumentos en la potencialidad constructiva, muchas veces contraproducentes a la gestión hídrica urbana. Incluso precisan que algunos de los cambios en las regulaciones se realizaron sin consulta ciudadana previa.

Las investigadoras consideran que uno de los principales aportes del trabajo publicado es demostrar que no se trata de casos aislados, sino que son procesos comunes y sistemáticos en ambas áreas metropolitanas, caracterizadas por altos índices de pobreza estructural en sus poblaciones e insuficientes iniciativas estatales para los estratos socioeconómicos más bajos.

“Lo que vemos es que esta modalidad de política pública no está sirviendo para posibilitar el acceso al suelo, y son insuficientes para revertir el déficit de vivienda de los sectores que realmente más lo necesitan”, apuntó Rus. “Aquí el paisaje natural está asociado a un producto, y es la punta de lanza de muchos proyectos inmobiliarios que implican formas de privatización o de cercamiento de áreas de valor ambiental, que antes eran espacios públicos”, añadió.

Las investigadoras sostienen que el rol del Estado, desde sus diferentes niveles, organismos, y bajo la gestión de diversas orientaciones políticas, con el paso de las décadas se ha convertido en un garante clave de estos procesos. El estudio da cuenta cómo desde las inversiones públicas, modificación de normativas y gestión del desarrollo urbano se acompañan iniciativas que benefician a sectores económicos concentrados, en detrimento de poblaciones vulnerables o de la preservación ambiental.

Olmedo, becaria doctoral, explica que mediante este trabajo reflejaron también que el avance de ciertos proyectos inmobiliarios, tanto en Resistencia como en Corrientes, se impulsaron acompañados del desplazamiento forzoso de familias de sectores socioeconómicos bajos, que residían en terrenos de alto valor inmobiliario; desatando también conflictos territoriales que movilizaron a organizaciones sociales y ambientales para resistir a las transformaciones urbanas.

“Vemos que coexisten ambos gestos. Por un lado, ampliar capacidad constructiva y las libertades individuales, y por otro lado avanzar sobre derechos comunes o necesidades individuales de las mayorías, como el derecho a la vivienda. Por eso se plantea una desigualdad. Hay una vacancia en estos temas dentro de la ciencia, trabajamos en ver cómo la investigación puede acompañar develando estos procesos, y retroalimentar las instancias de discusión que se dan en el ámbito público y dentro del activismo ambiental”, relata Olmedo.

En este sentido, Alcalá señala que desde su equipo de trabajo buscan poner la actividad científica al servicio de las comunidades locales: “Los colectivos ambientalistas muchas veces son los únicos que están alertando a la sociedad civil acerca de lo que está pasando, porque por las otras vías no nos enteramos. Nuestro rol es el de traducir ciertos discursos difíciles, desde lo técnico o lo normativo, para hacerlos algo más comprensibles. También aportando argumentos y constataciones de base científica, contribuyendo a robustecer esas acciones de resistencia que se llevan adelante”.